Guías jurídicas · SERJES Abogados · Actualizado el 30 de septiembre de 2026
Cuando las deudas desbordan la capacidad de pago, conviene entender las alternativas antes de asumir nuevos compromisos. La liquidación patrimonial de persona natural es un procedimiento judicial que permite organizar el patrimonio y las obligaciones del deudor dentro de las reglas de insolvencia. No equivale a una eliminación inmediata de deudas ni asegura conservar todos los bienes.
En esta guía explicamos sus principales etapas y los aspectos que debe revisar una persona de Medellín o Bello antes de iniciar el trámite.
¿Qué es la liquidación patrimonial?
Es el procedimiento mediante el cual se determinan las obligaciones y los bienes que integran la liquidación, para atender a los acreedores mediante su adjudicación o, cuando corresponda, su venta. Los efectos sobre los saldos pendientes dependen de la ley y de las decisiones adoptadas dentro del proceso.
Su regulación se encuentra en el Código General del Proceso, modificado por la Ley 2445 de 2025, con las correcciones del Decreto 1136 de 2025. Debe distinguirse de la liquidación judicial de una sociedad.
¿Quién puede acudir a este régimen?
El régimen comprende a personas naturales no comerciantes y a pequeñas comerciantes que cumplan las condiciones legales. Para estas últimas, la norma contempla activos totales inferiores a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, excluyendo del cálculo la vivienda de su familia y el vehículo utilizado como instrumento de trabajo. También deben revisarse las exclusiones del régimen.
Esa exclusión para calcular el umbral no significa que la vivienda o el vehículo estén automáticamente protegidos frente a todos los acreedores. La situación de cada bien, sus garantías y su eventual inembargabilidad requieren un análisis independiente.
¿Es obligatorio negociar primero con los acreedores?
No en todos los casos. El artículo 563 contempla la solicitud directa de la persona natural ante el juez competente, tenga o no bienes y sean suficientes o insuficientes para pagar sus obligaciones. Esta vía exige cumplir los requisitos aplicables; la sola radicación no equivale a la apertura.
La liquidación también puede originarse en el fracaso de la negociación, la nulidad no saneada del acuerdo o un incumplimiento que no se subsane en los términos legales. Conoce las diferencias en nuestra guía sobre la Ley 2445 de 2025.
Etapas principales de la liquidación patrimonial
- Estudio y preparación. Se revisan el régimen aplicable, las causas de la crisis, las obligaciones, los ingresos, los bienes y los procesos existentes. Se determina el juez competente según las reglas legales, incluida la cuantía.
- Apertura judicial. El juez decide sobre el inicio del procedimiento y adopta las órdenes correspondientes, entre ellas las relativas al liquidador, comunicaciones y medidas sobre el patrimonio.
- Participación de los acreedores. Se cumplen las actuaciones de notificación y publicidad, se establecen las acreencias y se tramitan las controversias que procedan.
- Inventario y valoración. Se determinan los bienes y derechos que integran la masa y se resuelven las objeciones pertinentes.
- Adjudicación y terminación. Se atiende a los acreedores conforme a las reglas de prelación y al trámite aplicable. La ley contempla, además, acuerdos dentro de la liquidación y venta de bienes bajo sus condiciones. La entrega de activos y las cuentas finales forman parte de las actuaciones de cierre cuando corresponda.
Si no existen bienes para adjudicar, el artículo 568 prevé omitir la audiencia de adjudicación y terminar el proceso con los efectos que correspondan. Esto no permite prescindir de las actuaciones previas exigibles. Consulta nuestra guía de liquidación patrimonial sin bienes.
¿Qué pasa con la casa, el vehículo y los embargos?
Se deben declarar los bienes y derechos de forma completa, incluso cuando se considere que alguno es inembargable. El análisis incluye titularidad, gravámenes, patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar y las excepciones aplicables.
La apertura produce efectos sobre los pagos, los procesos de ejecución y los bienes comprendidos en el concurso, con excepciones como las relacionadas con alimentos. No debe suponerse que presentar la solicitud levanta de inmediato todas las medidas. Cada orden debe revisarse y comunicarse según corresponda. Amplía este punto en nuestra guía sobre insolvencia y embargos.
¿Las deudas pendientes desaparecen?
El artículo 571 establece la conversión de los saldos comprendidos en la liquidación en obligaciones naturales, bajo los presupuestos legales. Estas no permiten exigir judicialmente su pago, aunque el pago voluntario tiene efectos jurídicos. No es una promesa de cancelación automática al iniciar el trámite.
Existen excepciones: los saldos de obligaciones alimentarias no reciben ese tratamiento. La ocultación dolosa de información relevante, la simulación de deudas y otras conductas previstas en la norma pueden impedir o hacer perder el beneficio. Las obligaciones posteriores a la apertura tienen un tratamiento distinto y no deben confundirse con las incorporadas al proceso.
Documentos para preparar la primera asesoría
- Relación de acreedores, saldos, garantías y datos de contacto.
- Soportes de ingresos, gastos y obligaciones alimentarias.
- Relación de bienes y derechos, con sus documentos de titularidad y gravámenes.
- Demandas, mandamientos de pago, embargos y demás actuaciones disponibles.
- Información sobre la situación conyugal o patrimonial y actuaciones previas de negociación, si existen.
Esta lista es orientativa: los documentos definitivos dependen de la vía de acceso y de la situación del solicitante. Organizar información completa desde el comienzo facilita el estudio jurídico del caso.
¿Cuánto demora y cuánto cuesta?
No existe un plazo único que pueda prometerse para todos los casos. Influyen la documentación, las notificaciones, las controversias, los activos y la gestión del despacho. Antes de contratar, solicita que se distingan los honorarios del abogado, los del liquidador y los gastos que puedan causarse. Puedes consultar nuestra guía de costos de insolvencia.
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Fuentes normativas
Ley 2445 de 2025, texto con anotaciones de vigencia y Decreto 1136 de 2025. En particular, artículos 532, 534 y 563 a 571A del Código General del Proceso, según las modificaciones aplicables.
Contenido informativo general. La viabilidad y los efectos del procedimiento deben determinarse con los documentos y circunstancias de cada caso.
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